El Sr. Carnero (Consejero de la Presidencia) dice, desde hace algunas semanas, que el soterramiento de las vías del tren en Valladolid (no se pronuncia sobre las vías de otras ciudades) es un derecho. Por de pronto, está bien que desde el gobierno de la Junta de Castilla y León se hable de derechos. Porque en el último año ese mismo gobierno ha rechazado impetuosamente una serie de derechos de la mujer, la memoria o la inmigración. Se ha pronunciado en contra del derecho a una muerte digna. Ha despreciado a los sindicatos (recordemos el art. 23.4 de la Declaración de 1948). Ridiculiza el derecho al medio ambiente (“hay que reducirlo a la mínima expresión”). Incluso el derecho a la seguridad tampoco es lo suyo (“grave negligencia en la gestión de los incendios”). Unai Sordo ve a la Junta como “antesala del mayor ataque a los derechos democráticos y sociales”. Debemos felicitarnos, por tanto, de que ahora el Sr. Carnero ponga la mirada en los derechos.

Como sabemos, hay varias “generaciones” de derechos. Pero les caracteriza a todos, los primeros o los últimos, su carácter universal, y que están siempre referidos a la dignidad de la persona. Si leyésemos la expresión del Sr. Carnero (“hay un derecho al soterramiento”) de la mejor forma posible, diríamos que está hablando (aunque no lo haya manifestado nunca expresamente) de lo que se ha dado en llamar derecho a la ciudad. ¿Atenderá a los demás términos de ese derecho a la ciudad?: otro día podremos analizarlo. Pero quedémonos en este momento con la cuestión: ¿qué favorece el soterramiento? Sin considerar ahora (siempre se deja de lado, y no es cuestión menor) que en los trenes soterrados también van personas, los beneficios objetivos que aportan los soterramientos a la población afectada son dos: se cruza la calle en superficie, sin subir o bajar rampas; y se evitan los efectos “del miedo” que se pueden dar en determinadas soluciones (cuando se construyen túneles estrechos y oscuros, o pasarelas largas) al cruzar la vía. Porque otras posibles ventajas que se han comentado son, directamente, falsas (modernidad, reequilibrio de rentas, impacto económico, y otras).

Para conseguir esas ventajas aludidas se reclaman (del estado) inversiones de cientos de millones de euros (no hace falta entrar ahora en el detalle: pero son del orden de centenares de millones). Pero veamos: ¿Cuántas calles hay en las ciudades (también en Valladolid) con pendientes superiores a las que dan acceso a los pasos bajo (o sobre) las vías? ¿Cuántos espacios susceptibles de dar miedo en la noche (en parques y espacios arbolados, calles solitarias, garajes…) pueden contabilizarse? Y hagamos cuentas. Si aplicamos el coste unitario, por rampa o por paso inferior (al margen de que ahora se planteen los pasos inferiores con anchos entre 9 y 20 m), al resto de los espacios urbanos con pendientes o “del miedo”, ¿seríamos capaces de calcular el inmenso coste que supondría atender a todos ellos? ¿O es que en esos ámbitos no se aplicaría el mismo derecho que se defiende con el soterramiento?

Pero tengamos en cuenta un aspecto más, directamente relacionado con la calidad de vida urbana. El derecho a la vivienda. El Sr. Carnero habla de derechos, pero se le olvida hablar de éste. Que también, y de forma esencial, forma parte de los derechos urbanísticos. Figura en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. ¿Cuántas viviendas ha construido la Junta de Castilla y León en las últimas dos décadas, destinadas a incrementar el parque público de viviendas en Valladolid? Ninguna. Y hagamos una cuenta más. Con los cientos de millones dedicados al soterramiento, ¿cuántas viviendas se podrían construir, comprar o rehabilitar por la Junta para atender a los hogares que no pueden llegar al mercado? Hagan la cuenta: miles. Muchos miles de viviendas.

No hay dinero para todo. En las ciudades de Europa no se hacen soterramientos, porque, al tenerlo que financiar los ayuntamientos (no como en España), ya no se ve tan importante ni urgente la cuestión. Pero aquí, donde (promoviendo activamente el agravio comparativo) se quiere que lo financie el estado, cueste lo que cueste. Podría, legítimamente, verse así: Si los recursos son limitados, ¿se ha de preferir financiar lo que el Sr. Carnero denomina “derecho al soterramiento”, o mejor el derecho a la vivienda? (Y todo ello, sin entrar a hablar de la deuda de 400 millones).

(Imágenes. Arriba: Calle de Bérgamo, en pendiente, procedente de urban-networks.blogspot.com; y calle oscura procedente de sonarcon.net. Más abajo: pendientes de la Cuesta de la Maruquesa e imagen de la Rúa Oscura de Valladolid, en el “mapa del miedo”, procedentes de elnortedecastilla.es).