Artículo publicado el 20 de julio de 2010 en El Norte de Castilla

Izquierda Unida ha enviado una serie de cartas a los otros partidos determinantes en el gobierno de la ciudad de Valladolid y los municipios del entorno (PP, PSOE, IL, IPAE y URCYL), invitándoles a formar una Comisión para redactar un programa compartido de actuaciones. Se pretende racionalizar algunos aspectos básicos de la política de suelo, vivienda, movilidad, agua y economía urbana de ese ámbito, así como sobre el soterramiento del ferrocarril en la capital. Una Comisión para la austeridad que la nueva situación económica, social y política parece demandar con urgencia.

La situación actual, al menos en los aspectos enunciados antes, es insostenible. Según el propio Presidente de la Junta, “estamos en una economía de guerra”, y no pueden mantenerse sin cambios de fondo los proyectos de ciudad que se diseñaron hace algunos años. Las contradicciones entre lo previsto entonces y la realidad que hoy vemos son flagrantes. No cabe ignorar los cambios radicales que se han producido, esperando inmóviles a que la situación vuelva a ser la de antes. Porque no lo va a ser. Todo indica que en el futuro próximo vamos a ver cambios muy significativos en el orden económico, social y medioambiental. Y si no se actúa pronto asumiendo el nuevo estado de cosas, la crisis será aún más grave para nosotros.

Mas, ¿cómo hacerlo? En determinados aspectos, pensamos que hoy se ha hecho necesaria una política compartida. Solidaria, en primer lugar, porque la batalla política puede erosionar el impulso común que deberían tener las principales medidas. Solidaria también porque las soluciones a los temas críticos enunciados, para ser efectivas no sólo deben durar, sino que han de tener garantías de durabilidad. Y solidaria, en tercer lugar, porque en algunos casos habrá que adoptar medidas impopulares, de tipo económico o cultural, para las que conviene una posición política igualmente compartida. El criterio básico de actuación de la Comisión habría de ser el consenso. Pues se presupone la buena voluntad, la generosidad y la cordura.

Por otra parte, todos estamos convencidos, hace ya tiempo, de la necesidad de adoptar acuerdos de ámbito metropolitano, que superen un marco municipal que tantas veces ha evidenciado su inadecuación para propuestas de ordenación urbana de alcance supramunicipal. No parece que sea necesario convencer a nadie de esa necesidad de coordinación. Tan sólo se precisa una voluntad política clara para poner en marcha tales acuerdos sectoriales, y nada obliga a esperar a la definición de un nuevo marco institucional (la creación de la famosa “área metropolitana”) para ponerse en acción.

Pero vayamos al contenido. La Comisión debería centrarse, en primer lugar, en racionalizar una política de suelo que en los últimos años ha llevado a la clasificación de más de 3000 hectáreas de suelo urbanizable en la capital y más de 2000 en los municipios del entorno, con capacidad para construir más de 150.000 viviendas: una enormidad inasumible y enormemente peligrosa. Es necesario, además, repensar las áreas productivas, replantear las propuestas de nuevos polígonos industriales o de servicios (hay ahora más de 12 propuestas de polígonos nuevos en Valladolid y entorno, cuando en el último año la venta de parcelas ha sido desoladora), para evitar despilfarros e hipotecar otras posibles inversiones futuras socialmente más rentables.

Habría que reconducir también la política de vivienda, centrada hasta ahora en la producción de nuevas áreas. Los precios siguen altísimos (de media, casi 2000 €/m2), el mercado todavía muy débil y la producción, bajo mínimos. En el 2º trimestre de 2010, en Valladolid capital, sólo se han concedido 5 licencias para 102 viviendas en total, mientras que se ha admitido la renuncia de otras 3 licencias concedidas anteriormente y que suponían 428 viviendas: un saldo, por tanto, negativo. De manera que parece necesario impulsar una rehabilitación generalizada, ordenada y sistemática de las viviendas existentes, lo que constituye la política residencial más sensata desde los puntos de vista económico, social y medioambiental.

Es necesario igualmente reconsiderar la movilidad de Valladolid y su entorno territorial, poniendo freno a la puja continua por la construcción irracional de más y más infraestructuras (carísimas) de tráfico rodado, e impulsando por el contrario la construcción de una red común para los modos más sostenibles de moverse, y un transporte público integrado en todo el ámbito metropolitano, mucho más eficiente (no es baladí recordar que el último año el transporte público perdió viajeros). Es urgente reorganizar de forma general el ciclo del agua en el ámbito comarcal, considerando conjuntamente los sistemas actuales de abastecimiento, riego y saneamiento de la capital y el entorno, y previendo un funcionamiento coordinado. Y es también urgente, por último, reconsiderar los términos en que está planteado el soterramiento del ferrocarril en la capital, precisamente para garantizar su pronta realización.

Es comprensible que la convocatoria haya venido de IU. Pues aunque esta formación tiene una representación municipal menor que los grandes partidos (cuenta en ese ámbito con una alcaldía y concejales en otros siete municipios), ha sido la única que se ha mantenido al margen de una política territorial y urbana que finalmente se ha mostrado dramáticamente equivocada, criticándola desde el primer momento y advirtiendo de sus riesgos. No se trata ahora, desde luego, de hacer valer el “ya lo dije”; sino de explicar la legitimidad de la convocatoria.

(Imagen: Foto aérea de Valladolid. Autor: Ricardo Melgar. Publicada en http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1072785).